Santiago, Chile
July 15, 2010
Source: SciDev.Net
by Paula Leighton
Luego de acoger tres solicitudes ciudadanas, el Consejo para la Transparencia estableció que la autoridad agrícola de Chile deberá informar la ubicación exacta de los cultivos y lugares de acopio de semillas transgénicas y las medidas de bioseguridad para estos cultivos.
Las resoluciones, notificadas entre el 25 de junio y el 9 de julio, son avaladas por la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información del Estado. El Consejo, además, invalidó una resolución que establece la confidencialidad de la información sobre ingreso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) al país.
Se estima que en Chile existen más de 30 mil hectáreas de cultivos transgénicos, incluyendo maravilla o girasol, remolacha, maíz y soya. Sin embargo, la información sobre su ubicación exacta era mantenida en reserva por las empresas productoras y por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo estatal que regula las actividades agrícolas.
El reclamo ante el Consejo para la Transparencia se realizó luego de que el SAG negara la información a representantes de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
Tras analizar los casos, el Consejo estableció que “la ubicación exacta de cultivo y acopio de semilla transgénica de exportación como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos es pública”.
Este fallo “permite a los agricultores orgánicos y convencionales tomar precauciones para evitar dentro de lo posible la contaminación genética y química de sus cultivos, especialmente con glifosato”, dijo a SciDev.Net María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile y una de las requirentes.
Rozas agregó que se podrá “ exigir monitoreos para saber si cultivos vecinos a los transgénicos están contaminados y obligará al SAG a cumplir en forma efectiva la fiscalización. Este control hasta ahora no era posible, lo que facilitaba la introducción de transgénicos por la vía de los hechos consumados, como ha ocurrido en países como Paraguay y Brasil”.
El Consejo para la Transparencia, por su parte, destacó que conocer dicha información “permitirá el debate público sobre los transgénicos en Chile con una mayor participación social”.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, dijo a SciDev.Net que el fallo “cambia el nivel de discusión y entrega a la ciudadanía un rol más activo de control y seguimiento”. Un desafío ahora, señaló, es “que Chile ratifique el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que permite separar en el origen los insumos transgénicos, como alimentos de uso humano y animal”.
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